BERANGO. El Ayuntamiento de Berango ha ejecutado su opción de compra sobre el baserri Kukullaga Goikoa tras alcanzar un acuerdo con el prestamista propietario de la finca por el que han valorado la propiedad en 200.000 euros, que abonará el Consistorio local en un plazo máximo que expira el próximo mes de marzo. La alcaldesa, Anabel Landa, dio a conocer los términos del acuerdo adoptado el pasado lunes in extremis para evitar que ayer se llevase a cabo el desahucio de las pareja de ancianos baserritarras por no poder afrontar el pago de un préstamo. La pareja seguirá viviendo en el baserri en calidad de usufructuarios.
Landa también adelantó que el Ayuntamiento se encuentra en condiciones de permitirse satisfacer la cantidad firmada, "solo tenemos que hacer una serie de modificaciones presupuestarias", matizó, tras apuntar que ya habían adelantado 10.000 euros para formalizar la opción de compra.
La adquisición de la propiedad, que ha contado con "el apoyo unánime" de toda la corporación formada por concejales del PNV, Bildu, PP, PSE y EB ha sido tomada en base a dos razones, explicó Landa. "Por un lado, hemos tenido en cuenta el factor social y el componente humano de sufrimiento de los ancianos por el temor a perder su hogar y medio de vida; y por otro, hemos considerado el valor de patrimonio histórico que tiene el caserío, que alberga un molino del siglo XVII con elementos difíciles de encontrar en otros inmuebles del mismo estilo en la provincia".
Todas estas características convierten a Kukullaga-Goikoa "en un edificio merecedor de integrar el patrimonio cultural local", que se convertirá con toda probabilidad en un centro de interpretación. Sin embargo, el factor que más peso ha tenido ha sido el social, "ya que era una situación que revestía una gravedad extrema y exigía una solución inmediata". En este sentido, Landa confesó que "he pasado los peores días desde que llegué al Ayuntamiento en 2007". Reconoció, asimismo, "que el Ayuntamiento no tiene competencia ante situaciones de impago de hipotecas", pero sí puede reclamar medidas urgentes a las entidades competentes. Para fundamentar su denuncia, se basó en las estadísticas del País Vasco, que revelan que entre abril y junio, hubo 607 procesos de desahucio, un 8% más que el trimestre anterior".
El representante del sindicato EHNE, Unzalu Salterain, que ha llevado la defensa legal de los baserritarras, reconoció "la gran labor llevada a cabo por la alcaldesa" de cara a evitar el desahucio. También aludió a "la presión social ejercida que ha dado lugar a un trabajo continuo, centrado en la presión social y en la articulación de tres líneas de trabajo: la jurídica, la institucional y la privada". Esta última orientada a la negociación con el prestamista, y remarcó que el conflicto no era "producto de la crisis económica, sino de prácticas de dudosa legalidad".
Salterain reclamó por último "más flexibilidad para que la gente pueda continuar pagando sus hipotecas, de cara a dar la oportunidad a las personas con más dificultades económicas a desarrollar su medio de vida".
La abogada del prestamista, María Rivero, también se felicitó por el acuerdo alcanzado, aunque insistió en su postura partidaria a alcanzar un acuerdo, "algo que se podía haber firmado hace años".
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