El Ayuntamiento de Berango ha logrado parar el desahucio del caserío Kukullaga-Goikoa mediante la firma de una opción de compra del inmueble. La alcaldesa del municipio vizcaíno, Anabel Landa, desveló que el Consistorio abonó ayer los 10.000 euros solicitados por el prestamista acreedor para evitar el desalojo inminente de la vivienda. La Administración local también se hará cargo de los 190.000 euros restantes del precio fijado para la compra del caserío, que deberá pagar antes de marzo de 2012, fecha en la que finaliza la prórroga establecida.
Landa, que compareció ante los medios «con la tranquilidad y el alivio de haber encontrado una solución para el problema», calificó los últimos quince días como «los más duros a los que me he enfrentado desde que asumí el cargo, en 2007». La regidora vinculó la decisión municipal, adoptada por unanimidad de los grupos políticos, «al valor histórico y cultural del caserío» y a «la situación social de extrema gravedad» que afectaba al matrimonio. «Kukullaga cuenta con un molino de importante valor que data del siglo XVII», concretó la alcaldesa, que también aclaró que «el Ayuntamiento no ha pagado la deuda de nadie, sino que ha adquirido un valioso patrimonio para el municipio».
Debido a «la rapidez con que se han desarrollado los acontecimientos», Landa reconoció que el Consistorio «aún no sabe cómo hará frente al pago de la vivienda», aunque sí mencionó la posibilidad de «llevar a cabo ajustes en el presupuesto». En cuanto a la situación en la que queda el matrimonio de baserritarras, aseguró que «no tendrán problemas para disfrutar del caserío en calidad de usufructuarios».
Unzalu Salterain, coordinador general del sindicato agrario EHNE, puso de manifiesto el «arduo trabajo de colaboración» que ha supuesto evitar el desahucio. «El plazo de dos semanas que nos concedió el aplazamiento del desalojo nos ha permitido trabajar el asunto desde las áreas judicial e institucional, y mediante la negociación directa con la entidad privada». Salterain admitió que tuvieron que buscar la solución a través del acuerdo privado «porque apenas había resquicios en el apartado normativo, lo que demuestra que ley y honestidad no van siempre de la mano».
El coordinador sindical subrayó la importancia de la labor acometida por el Ayuntamiento de Berango y todos sus concejales, «que firmaron una moción de apoyo al caso y no lo hicieron como una mera pose», y apreció que el caso «ha servido para arrojar luz sobre las múltiples situaciones de este tipo que se viven día a día». Salterain apostilló su discurso con un llamamiento al Gobierno. «Deberían aplicar medidas que doten de mayor flexibilidad a los ciudadanos en el ámbito prestatario», remató.
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